BUENOS AIRES.- El aumento de tarifas energéticas anunciado por el Gobierno forma parte de un paquete global de ajuste que apunta a trasladar el costo de un modelo agotado sobre los trabajadores y jubilados. El agujero fiscal es tan grande que todavía las autoridades no alcanzan a trazar una dimensión del mismo. El ajuste comenzó en silencio al no actualizarse los mínimos que gravan Ganancias sobre los asalariados y Bienes Personales. Luego siguió con los incrementos en combustibles, tarifas aéreas y en los peajes de los accesos a la Capital Federal, bajo la excusa de realizar obras que hasta ahora brillan por su ausencia. Ahora le toca a la energía.
El modelo fracasó desde su inicio porque la administración Kirchner sostuvo que el Estado se iba a hacer cargo de las obras que nunca realizó y el resultado no fue otro que un deterioro de la infraestructura vial, de transporte y energética, las tres áreas que estaban concesionadas al sector privado. Con este esquema, y ante el congelamiento de tarifas, las empresas concesionarias se convirtieron en meras administradoras cuyos recursos sólo alcanzaban a poner parches a una estructura que se deterioraba a pasos acelerados. Los accidentes en rutas son el resultado de la falta de inversiones en el sector vial; la tragedia de Once, un funesto resultado de la política oficial, al igual que los apagones y los cortes de gas reiterados en distintas épocas del año, para el sector energético. Los ajustes hoy anunciados encubren esa realidad.
La falta de definición de las obras y la realización por parte del Estado implica la virtual intervención de las concesionarias, convirtiéndolas en meros agentes de recaudación.
Virtual intervención
¿Por qué razón no se facultó a las concesionarias a la definición de las obras, que son quienes operan las redes y conocen al detalle donde están las mayores necesidades de inversión? La respuesta es sencilla: primero, porque la concreción de las obras es de dudosa resolución, como ocurrió en caso de la General Paz, o bien se van a hacer en sectores donde no hace falta, y en segundo lugar porque el ajuste tarifario encubre la virtual intervención de la caja de las concesionarias. ¿Adónde apunta el ajuste tarifario? En primera instancia, a cancelar la deuda que tiene Cammesa con generadoras y transportistas y la que tienen las distribuidoras con la mayorista y las transportistas.
En segundo lugar, a acercar recursos al Tesoro porque sobre los aumentos se aplicarán las distintas alícuotas impositivas que gravan los suministros de luz y gas, tanto a nivel nacional como provincial, y las tasas municipales. En el caso de la electricidad, la presión fiscal global alcanza a casi el 45% y en el caso del gas, a casi el 25%.
En definitiva, en un contrasentido con cualquier modelo de desarrollo económico, este esquema premia al que consume menos y el único sector que se beneficia con este ajuste es el Estado. Un símbolo de los tiempos que corren.